José María Tarjuelo Martín-Benito, Universidad de Castilla-La Mancha

El agua no es un bien como los demás, sino un patrimonio que hay que conservar al ser fundamental para la vida. El cambio climático está haciendo que se incrementen los eventos de inundaciones y sequías en muchos lugares del planeta y aumenten los problemas para satisfacer las necesidades de la población al cambiar las condiciones y la cuantía del agua disponible.

El agua se convierte en un recurso escaso cuando la demanda supera a su disponibilidad. Es entonces cuando aparecen los conflictos entre los potenciales usuarios y el necesario equilibrio social, económico y medioambiental del uso sostenible del agua, que desgraciadamente no siempre se cumple.

La agricultura de regadío es el principal consumidor de agua en el mundo. Resulta imprescindible para generar suficientes alimentos para una población mundial creciente, supone más del 70% del consumo de agua en el mundo (en las regiones más áridas puede superar el 90%), aunque su prioridad de uso está por detrás del abastecimiento urbano y del medio ambiente.

La principal distorsión para la gestión sostenible del agua se debe al valor económico generado con su uso. Cuando los intereses económicos de unos pocos especuladores del agua se ponen por delante de los intereses sociales y medioambientales, se rompe el necesario equilibrio entre los tres. Este equilibrio es, al menos en teoría, el principal objetivo de los planes hidrológicos (PH), que en el caso de España, cuando la falta de consensos políticos no lo retrasan, se revisan cada seis años de acuerdo con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Los PH estiman los recursos hídricos renovables disponibles y los reparten entre los demandantes que tengan otorgados derechos de uso del agua, aunque en ellos suelen introducirse condicionantes, normas y enfoques según la visión y prioridades del Gobierno y la mayoría parlamentaria que tiene que aprobarlos.

De la abundancia a la escasez

Para entender mejor qué son los acuíferos y cómo se gestionan, es conveniente recordar que el agua en el planeta sigue el denominado ciclo hidrológico. Este puede resumirse en que el agua se evapora a la atmósfera, precipita con la lluvia y la nieve, y la parte que cae en la superficie terrestre se infiltra en profundidad (recargando los acuíferos, considerados aguas subterráneas) o escurre por los ríos hasta llegar al mar.

En el pasado, la demanda de agua para los diferentes usos (urbanos, industriales, agrícolas y medioambientales) era normalmente inferior a la fácilmente accesible para cubrir las necesidades. Pero a mediados de los 70, coincidiendo con la aparición de tecnologías para realizar sondeos de captación de aguas subterráneas profundas y la necesidad de aumentar la producción de alimentos, se inicia en España un incremento muy significativo del uso de aguas subterráneas en varias zonas (fundamentalmente en La Mancha y en Levante) que generan los primeros síntomas de sobreexplotación de acuíferos.

Esto, entre otras cosas, dio lugar a la aparición de la nueva Ley de Aguas de 1985, que sustituía a otra de 1879 y a un conjunto de reales decretos complementarios. Todas las aguas, incluidas las subterráneas y no solo las superficiales como hasta entonces, pasaron a ser de dominio público.

Los dueños y ladrones del agua

En países como España, donde el agua es de dominio público, las concesiones para uso del agua eran otorgadas por la Administración de forma gratuita, según se iban pidiendo, cuando no había restricción en la disponibilidad.

Pero al convertirse en un recurso escaso, como ha ocurrido en los últimos 25 años en la mayor parte de territorio nacional, las pocas concesiones que se dispensan suelen dar prioridad a los nuevos usuarios con mayor repercusión social. Aunque la mayor parte del agua ya estaba repartida. Buena parte de ella se encuentra en manos de aguatenientes que, en ocasiones, especulan para sacar la mayor rentabilidad privada a un agua que les fue concedida gratuitamente.

Los que llegan tarde al reparto legal del agua, cada vez más escasa debido a su priorización para usos urbanos y medioambientales, además de por una menor disponibilidad ligada al cambio climático, tienden a robarla, es decir, a utilizarla sin concesión.

Resulta imprescindible un equilibrio de justicia social, económica y medioambiental en el reparto de los derechos de uso del agua, que choca en muchos casos con los derechos consolidados de los primeros concesionarios. Para conseguirlo, al igual que se hizo al pasar la utilización de las aguas subterráneas del derecho privado al público en 1985, habría que establecer un periodo transitorio (en aquel caso fue de 50 años) y otro conjunto de medidas.

Estas últimas permitirían ir reduciendo concesiones a los que más tienen, aprovechando por ejemplo la modernización del regadío y la mejor eficiencia en el uso del agua que con ello se puede conseguir; utilizando el riego deficitario controlado, que permite aproximarnos al óptimo económico y social por unidad de agua aplicada. Se liberaría así agua de los que más tienen para reasignarla a nuevos usuarios con criterios sociales de reparto de riqueza.

El precio del agua

La gestión del agua en España establece un canon para el uso de aguas superficiales que solo corresponde al mantenimiento y la gestión del sistema de distribución de agua. En general, la Administración pública es la encargada de afrontar las inversiones de las infraestructuras necesarias. En cambio, para el uso de las aguas subterráneas, los usuarios privados (más del 75% de los casos) soportan todos los costes y solo en las obras de interés social se hace lo mismo que con las aguas superficiales.

Las tarifas del agua de riego suelen variar entre 0,01 y 0,18 €/m³, siendo normalmente constantes para todo el volumen de agua otorgado en su concesión. Las tarifas urbanas, que normalmente contemplan al menos tres tramos con diferente coste según el consumo, suelen ser entre tres y seis veces más caras que las de riego, ya que incluyen el tratamiento, distribución y depuración. Existe en este sentido gran variabilidad entre las diferentes ciudades españolas, con diferencias que pueden llegar a ser más del doble.

La gestión del agua de riego suele ser responsabilidad de las confederaciones hidrográficas, con ayuda de las comunidades de regantes. El agua urbana suele corresponder a los ayuntamientos, normalmente con ayuda de empresa privadas o público-privadas, al funcionar mejor que la gestión únicamente pública.

Asesoramiento para un uso racional

Un problema añadido a la escasez de agua es la falta de concienciación y conocimiento, tanto de los que tienen concesión como de los que no la tienen, sobre la necesidad de un uso racional del agua. Para evitarlo, el asesoramiento técnico enfocado a conseguir la máxima productividad económica por cada metro cúbico de agua de riego resulta fundamental. Los propios usuarios del agua reclaman esta ayuda, ante una situación con cada vez menos agua disponible para la agricultura.

En el desarrollo del conocimiento para este asesoramiento y su transferencia al sector productivo juegan un papel fundamental las universidades y centros de investigación. Tras la crisis económica que se inicia en 2010, los recortes económicos para investigación (entre el 60% y el 100%), tanto a nivel nacional como regional en el caso de España, han mermado muchísimo la generación y transferencia de conocimiento en este y otros muchos campos.

Hoy en día, el agua es un recurso escaso y estratégico en la mayor parte de los países. Podría decirse que “quien tiene agua, tiene un tesoro”, por lo que cada vez hay más presiones políticas, económica y sociales para poder disponer, controlar y gestionar el agua. Desgraciadamente, esto produce también un aumento de la especulación y las artes oscuras que ello conlleva.

José María Tarjuelo Martín-Benito, Catedrático en el Área de Ingeniería Agroforestal, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.